PMCM La Plataforma pide al Parlamento Europeo que acabe con el trato de favor de España a grandes almacenes y gran Distribución en materia de morosidad

Madrid, 17 de febrero de 2011.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha elevado al Parlamento Europeo la decisión de acabar en España con el trato de favor que en materia de morosidad se le brinda a distribuidores y grandes al

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macenes, instando al organismo a que dictamine cuál de las dos leyes -contradictorias entre sí- prevalece: si la 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales -que elimina la dilación abusiva de los plazos de pago-, o la LORCOMIN -que exime al sector de la gran distribución comercial de cumplirla-, siendo ésta la causante de que miles de empresas no cobren sus servicios hasta pasados más de 200 días en muchas ocasiones.
La pregunta parlamentaria trasladada a la Comisión por el diputado de CiU, Ramón Tremosa i Balcells, cuestiona si es admisible “después de la aprobación de la reforma de la Directiva 2000/35/CE, que en España, en aplicación del apartado 4 del artículo 17 de la LOCM (Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista), dentro de la legalidad, la gran distribución y los grandes almacenes puedan seguir liquidando sus facturas a los vendedores de artículos que no sean de alimentación ni gran consumo (por ejemplo, los electrodomésticos, muebles, menaje, herramientas, etc.), con aplazamientos de pago superiores a 120 días -sin fijar ningún límite legal de plazo en días, por lo que un contrato que determine 240 días estaría dentro de la legalidad-, si les dan a los proveedores una (teórica) garantía bancaria y que esta situación se prolongue indefinidamente en aplicación de la norma dispuesta en este artículo”.
Esta controversia se debe a que, aunque la nueva Ley 15/2010 (de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales), cambia los plazos de pago a todos los niveles, la gran distribución y grandes almacenes defienden que lo hace solo para los artículos de alimentación y no para el resto, argumentando que en éstos se aplica el artículo 17.3 y 4 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LORCOMIN), donde se reconoce la existencia de un régimen especial de pagos para el comercio minorista, determinándose la aplicación prioritaria de este artículo, según el cual en estos supuestos son posibles los pactos entre las partes con plazos de pago superiores a los establecidos en la Ley 15/2010.
Desde la PMcM, basándose en un informe elaborado por su Comisión Jurídica, se sostiene que quedan derogadas absolutamente todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la Ley 15/2010, salvo las que sean más beneficiosas para los acreedores, dado que si no fuera así se contravendría tanto el espíritu como la literalidad de esta normativa; por tanto, es también de aplicación a los productos de gran consumo y a aquellos que no tienen la consideración de alimentarios ni de gran consumo.
Al no haber sido derogado lo concerniente a la LORCOMIN ni por un régimen especial posterior que incluya estos productos ni por la derogatoria genérica de la Ley 15/2010, “la gran distribución y los grandes almacenes continúan aferrándose a que el cumplimiento de la nueva Ley no impide en absoluto continuar manteniendo las actuales condiciones de pago en este sector”, denuncia el presidente de la PMcM, Rafael Barón.
Para ratificarse, el sector de la gran distribución comercial alude a un informe de septiembre de 2010 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre cuestiones interpretativas del Régimen Jurídico en materia de aplazamientos de pago, documento que se define a sí mismo como no vinculante, “tratándose de una opinión” de esa Unidad Administrativa que “no constituye interpretación de la Ley 15/2010, labor que corresponderá, en su caso, a los Jueces y Tribunales”.
Según Barón, “en la modificación de 2010 de la Ley de Morosidad, lo más importante que logramos fue que se eliminara la posibilidad de que las partes pactaran un plazo de pago mayor al establecido en esa nueva Ley (30 días para el sector público y 60 para las empresas, lo que se conseguiría escalonadamente en 2013 como máximo, con un período transitorio fijado para este año en 85 días), por lo que no es comprensible que se tenga que esperar a esa fecha para acabar con el trato de favor a distribuidores y grandes almacenes y, mientras tanto, este sector continúe asfixiando a miles de empresas con su abusiva demora en los pagos”.
En esta línea, el presidente de la PMcM ha recordado que “los impagos o retrasos en la liquidación de facturas constituyen una de las principales causas del cierre de empresas, despidos y de la falta de competitividad de las empresas, una lacra que hace mella en España, país que se ha situado en la cola europea en cuanto al tiempo medio de pago (103 días), solo superado por Grecia (125 días), mientras que la media europea es de 62 días.
Normativa aplicable a los aplazamientos de pago:• Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
• Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
• Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista (LORCOMIN)
• Real Decreto 367/2005, de 8 de abril, por el que se desarrolla el artículo 17.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista y se definen los productos de alimentación frescos y perecederos y los productos de gran consumo.
Sobre la PMcMLa Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a una treintena de instituciones sectoriales de toda España que en conjunto representan a más de 1 millón de empresas -con un cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- que dan empleo a más de 4 millones de trabajadores y autónomos.

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