PMcM – El cambio de criterio del IVA perjudicará a micropymes y pequeñas empresas si la medida no se generaliza a todas las empresas independientemente de su facturación, según la PMcM

  • La medida puede ser contraproducente para las empresas que facturan menos de dos millones de euros por el hecho de que su potencial cliente puede preferir contratar mejor al resto de empresas que siguen funcionando con el tradicional criterio de devengo en vez de con el nuevo de caja, para así poder continuar pagando a su proveedor mucho después de comprar el producto o de recibir el servicio prestado. Esto es, las empresas que se acojan podrían perder clientes” 
  • Como alternativa, “sería necesario implementar una de nuestras últimas propuestas que consiste en aplicar el principio de inversión del sujeto pasivo en la liquidación del IVA, para que sea el deudor moroso quien pague el IVA de la factura, como debería haber hecho de haber realizado el pago” 
  • El Gobierno impondrá multas a las administraciones morosas a partir de final de año y la PMcM, que celebra dicho anuncio, pide que la medida se haga extensiva al sector privado a través de un régimen sancionador 

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha mostrado su preocupación por la propuesta del Gobierno en el cambio de criterio del IVA porque cree que será contraproducente para las empresas a las que pretende beneficiar la medida, las que facturan menos de dos millones de euros al año. Según el presidente de la entidad, “este colectivo, en su mayoría micropymes y pequeñas empresas, puede verse perjudicado por el hecho de que su potencial cliente pueda preferir contratar al resto de empresas que siguen funcionando con el tradicional criterio de devengo en vez de con el nuevo de caja, para así poder continuar pagando a su proveedor mucho después de comprar el producto o de recibir el servicio prestado. Esto es, las empresas que se acojan podrían perder clientes”.

Además, “parece ser que al final de año estas empresas deberían regular aquellos importes en concepto de IVA que finalmente no se hubieran liquidado por parte de los clientes y liquidando los pagos con Hacienda”, añade. La PMcM recomienda que el cambio de criterio del IVA “se amplíe a todas las empresas independientemente de lo que facturen o, como mínimo, que se acote su calendario de aplicación. Si el escollo hasta ahora eran los problemas técnicos, no se explica que la medida se dirija solo a unos pocos y deje fuera al resto”.

Propuesta alternativa: inversión del sujeto pasivo en el IVA

Si no se incluyeran a todas las empresas sin excepción, entonces “sería necesario implementar una de nuestras últimas propuestas que consiste en aplicar el principio de inversión del sujeto pasivo en la liquidación del IVA, para que sea el deudor moroso quien pague el IVA de la factura, como debería haber hecho de haber realizado el pago, no lastrando la tesorería del cliente, que además de no cobrar, en la actualidad se ve obligado a liquidar un IVA que no ha cobrado”, explica el presidente de la PMcM.

Cañete ha podido hacerle entrega en mano al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de esta propuesta, que podría ser una solución factible para que todas las empresas no se vean obligadas a anticipar el IVA de las facturas que aún no han cobrado, unos 800 millones de euros anuales, según fuentes oficiales.

Esta iniciativa produciría una “incidencia inmediata” sobre la liquidez de los proveedores, ya que éstos no necesitarían anticipar un IVA no cobrado y, además, contribuirá a la reducción de los plazos de pago y del número de impagados, porque “el cliente preferirá adelantar el pago a tener que devolver a la Agencia Tributaria un IVA incorrectamente desgravado, incrementado además con los intereses de demora”, asegura.

En su primera impresión, Montoro manifestó que entiende que esta iniciativa no podrá ser implementada técnicamente en este ejercicio con toda probabilidad, pero que sin duda la analizará en profundidad para poder conversar sobre ella con la PMcM nuevamente en una próxima reunión.

Régimen sancionador a AA.PP. y empresas

En su conversación, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas señaló su intención de poner en marcha una ley antes de final de año para que las administraciones que no paguen a 30 días tengan que hacer frente a recargos por sus impagos. Ante este proyecto, la PMcM, que celebra dicho anuncio, quiso recordarle su propuesta de régimen sancionador entre empresas, que normalizaría los pagos con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros. ”De no hacerse extensiva la norma anunciada por el Gobierno al ámbito privado, volveríamos a dinámicas de demoras por parte de la asimetría entre los clientes y proveedores”, denuncia Cañete.

Conscientes de la importancia de que tanto empresas como Administraciones Públicas cumplan definitivamente los plazos de pago legales, la PMcM ha iniciado un proceso de sensibilización respecto a la aprobación de su propuesta del régimen sancionador. En sus primeros contactos han percibido cierta predisposición a su estudio, e incluso, una posible incorporación en los programas de algunos partidos políticos.

En opinión del presidente de la PMcM, “estamos avanzando por el buen camino aunque aún nos queda mucho por recorrer, pero si seguimos trabajando juntos iremos viendo cómo poco a poco se van consolidado los preceptos, para que a medio plazo y cuando vuelva la liquidez de las empresas, veamos mejorar nuestros ratios de impagados y de morosidad”.

Otras propuestas

Para reducir de forma efectiva la morosidad, la PMcM propone una batería de medidas. Además de sus principales caballos de batalla (el régimen sancionador, generalizar la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción y que el deudor sea el que pague el IVA de las facturas no cobradas), la entidad propone implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.

Otros de los puntos clave son acabar con el trato de favor de los subcontratistas derogando el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley de Contratación Pública; que haya un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados; y crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país. “En España calculamos que de las 500.000 empresas (200.000 pymes y 300.000 autónomos) que han cerrado desde que se inició la crisis, al menos un tercio lo ha hecho debido a la morosidad”, asegura. 

Datos del informe de la PMcM presentado en febrero de 2013

Según el último estudio de la PMcM, tras la puesta en marcha del plan de pago a proveedores (que logró saldar deudas por 27.000 millones hasta 31 de enero de 2011), los impagos de las Administraciones Públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad.

Aunque el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13% por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló “todavía insuficiente ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Concretamente, las AA.PP. tardaron en 2012 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la Ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al que se estimó para el año anterior (162 días). Por su parte, en 2012 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 93 días (frente a los 75 que establecía la Ley para ese año), lo que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días).

Datos del estudio de la PMcM han desvelado que el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo durante 2012 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días que establecía la Ley 15/2010 para ese año. En esta línea, Cañete recuerda que tanto la Ley española como la Directiva Europea obligan ya a las Administraciones Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente.

El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 7%, lo que significó un estancamiento respecto a 2011 (7,1%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012. Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 80,8% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 15/2010, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún la desconozca”.

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