La PMcM recuerda al Gobierno que, una vez transpuesta la directiva europea, debe asegurar que se paguen los intereses de demora y en los plazos legales

  • La Comisión Europea ha contado con el conocimiento y experiencia de la PMcM para su campaña de información europea sobre la morosidad en los pagos. Ayer participó en las jornadas de Barcelona y el próximo 26 de abril lo hará en Madrid. El acceso es gratuito previa inscripción, con aforo limitado 
  • “Celebramos que CEPYME y CEOE se hayan sumado a la lucha contra la morosidad, en la que la PMcM lleva cinco años trabajando de forma activa y continuada, y les instamos a que se unan a las peticiones que venimos reivindicando” 
  • Un régimen sancionador, la creación del Observatorio de la Morosidad, la generalización de la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, entre las iniciativas propuestas por la PMcM  

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha recordado al Gobierno que, una vez que ya a finales de febrero transpuso la Directiva Europea, se muestre totalmente firme en la lucha contra la morosidad, que afecta sobre todo a pymes y autónomos. El resto de países miembros que todavía no han transpuesto la Directiva tienen de plazo hasta este sábado 16 de marzo. La Comisión Europea, durante unas jornadas celebradas ayer en Barcelona junto a la PMcM y otras organizaciones, ya ha anunciado que muy pronto podrán empezar a abrir procesos de sanción contra los países incumplidores.

Ante esta situación, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha pedido al Ejecutivo que se apresure a asegurar que tanto empresas como Administraciones Públicas cumplen definitivamente los plazos de pago legales y se abonan los intereses de demora.

La nueva normativa conforme a la Directiva europea fija en 30 días el límite de pago por parte de las AA.PP., y en 60 en el caso de las empresas. Actualmente, en algunos países incluso presentan unos mejores comportamientos con cifras inferiores, como por ejemplo son los casos de los pagos de la Administración Pública de Estonia (24 días), Finlandia (24), Suecia (35) y Noruega (34).

Estos datos contrastan con España. Según el último informe de la PMcM relativo a 2012, las cifras reales que se registraron durante ese año en España fueron 141 en la Administración Pública y 93 días en el sector privado. En este sentido, Cañete ha denunciado que “la dilatación de los plazos de pago hace que las contrataciones de la Administración Pública sean más costosas, porque al ser conscientes de que no se paga a tiempo las empresas cargan los costes de financiación”.

Para reducir de forma efectiva la morosidad, la PMcM propone una batería de medidas. La primera y más importante es crear un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros. A su vez, se deberían implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.

Otros de los puntos clave son la generalización de la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción, y que el deudor sea el que pague el IVA de las facturas no cobradas. También es necesario acabar con el trato de favor de algunos colectivos ante la Ley y una solución pasaría por derogar los artículos 17 de la Ley del Comercio Minorista y 228 de Contratación Pública.

Asimismo, el presidente de la PMcM ha aludido a que en España la Ley 15/2010 prevé la creación del Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país.

La PMcM y la Comisión Europea

La Comisión Europea ha contado con el conocimiento y experiencia de la PMcM para su campaña de información europea sobre la morosidad en los pagos, llevada a cabo por la Dirección General de Empresa e Industria en todos los estados miembros. Ayer participó su presidente, Antoni Cañete, en las jornadas de Barcelona, y el próximo 26 de abril lo hará en las de Madrid.

El objetivo de este seminario es proporcionar mayor información a las partes interesadas acerca de la nueva Directiva así como de su repercusión en España, ya que esta normativa supone un cambio jurídico significativo tanto para las empresas, particularmente para las pymes, como para los poderes públicos en España y en la UE. El acto tendrá lugar en el edificio de la representación de la Comisión Europea en Madrid (Paseo de la Castellana, 46). La inscripción, operativa en la página de la Unión Europea, es gratuita y el aforo limitado.

Cañete anima a asistir a este encuentro por su “vital importancia”. Asimismo, celebra que CEPYME y CEOE se hayan sumado a la lucha contra la morosidad, en la que “la PMcM lleva cinco años trabajando de forma activa y continuada, y les instamos a que se unan a las peticiones que venimos reivindicando”. 

Datos del informe de la PMcM presentado en febrero de 2013

Según el último estudio de la PMcM, tras la puesta en marcha del plan de pago a proveedores (que logró saldar deudas por 27.000 millones hasta 31 de enero de 2011), los impagos de las Administraciones Públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad. Aunque el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13% por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló “todavía insuficiente ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. Concretamente, las AA.PP. tardaron en 2012 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la Ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al que se estimó para el año anterior (162 días). Por su parte, en 2012 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 93 días (frente a los 75 que establecía la Ley para ese año), lo que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días).

Datos del estudio de la PMcM han desvelado que el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo durante 2012 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días que establecía la Ley 15/2010 para ese año. En esta línea, Cañete recuerda que tanto la Ley española como la Directiva Europea, que se implantará a partir del 16 de marzo, obligan en este 2013 a las Administraciones Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente.

El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 7%, lo que significó un estancamiento respecto a 2011 (7,1%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012. Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 80,8% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 15/2010, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún la desconozca”.

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