La PMcM denuncia el empeoramiento de los plazos de pago del sector público y el aumento de los impagados, según su Informe de Morosidad

  • El plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3%) —pasando de 68 a 70—, alejándose aún más de los 30 días que establece la ley 
  • El plazo medio de pago del sector privado en 2019 siguió lejos de los 60 días que establece la Ley 15/2010, si bien “mejoró ligeramente”. La PMcM recuerda que el régimen sancionador es la solución

 

Madrid, 19 de febrero de 2020.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha alertado sobre el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y el aumento de los impagados, constatado en la nueva edición que acaba de presentar de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2019”.

Del estudio se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3%) —pasando de 68 a 70—, alejándose aún más de los 30 días que establece la ley.

Según el informe de la PMcM, elaborado a partir de cerca de 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el año pasado el 65% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004. Y el mismo porcentaje, 65%, confiesa tener contratos o acuerdos en los que se les exige aceptar cláusulas abusivas.

A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 86% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

La PMcM siempre ha sostenido que esto podría deberse más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento, porque el 61% de los encuestados asegura conocer la legislación existente. No obstante, el presidente de la entidad apunta que, “después de 10 años, no deja de sorprender que un 39% de las empresas aún la desconozca”.

De acuerdo con el “Informe sobre Morosidad 2019” de la PMcM, el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 3,1%, lo que significó un ligero aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a 2018.

Sector privado y régimen sancionador

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha denunciado que el plazo medio de pago del sector privado en 2019 siguió lejos de los 60 días que establece la Ley 15/2010, si bien “se redujo ligeramente gracias a la mejora en los pagos de pymes y autónomos”. Según datos del informe, las empresas pagaron a 73 días, una cifra inferior en 8 días a la estimación efectuada para 2018, lo que supuso un descenso de un -9,9%.

Para el 60%, el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de €). Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 35% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 46% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días), esto es, solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal. 

Ante estos datos, Cañete ha recordado la urgencia de que se ponga en marcha un régimen sancionador que multe a las empresas morosas que han cobrado y no pagan. Además, ha instado a los grupos políticos a “que se pongan manos a la obra, que ya tienen todo el trabajo hecho y el compromiso adquirido”, refiriéndose a la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad que quedó bloqueada en el Congreso a pesar de haber sido tomada en consideración por el Pleno de la Cámara por unanimidad hace casi tres años.

“Confiamos en que en breve empiece a tramitarse, ya que hay compromiso por parte de algunos partidos. Con este sistema de multas se reduciría notablemente la morosidad, que ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”, asegura Cañete. De hecho, en el informe de la PMcM, casi la totalidad de los encuestados (93%) manifestó estar a favor de la implantación de un régimen sancionador.

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